Tormenta política por la revisión de penas a terroristas

Hace trece años que la banda terrorista ETA dejó de matar, y hace seis que se disolvió definitivamente. Sin embargo, el pasado 8 de octubre una importante dirigente del conservador Partido Popular, el principal partido de la oposición en España, dijo que ETA “está más fuerte que nunca”. Esta declaración solo se comprende si se tiene en cuenta que los crímenes y las víctimas de ETA siguen siendo utilizados como arma arrojadiza en la política española. Da igual los años que hayan transcurrido desde la derrota de la banda.

La última controversia, sin embargo, le ha estallado en la cara al Partido Popular. Resulta que sus diputados votaron a favor de una reforma legal que favorece a los presos de ETA (y al resto de los presos, en general). En España existe un tiempo máximo de permanencia en prisión: como tope son 30 años. Desde 2009, una ley europea permite que los presos condenados en dos o más países de la UE sumen sus penas a efectos del cómputo máximo que una persona puede pasar en la cárcel.

En España, esa ley comunitaria se adoptó en 2014, excluyendo de ese beneficio penitenciario a los presos de ETA. Sin embargo, el pasado 18 de septiembre el Congreso votó por unanimidad una enmie