Aprobada la polémica ley que permite al Gobierno intervenir Internet

Tras la aplicación del famoso artículo 155 de la Constitución, y la intervención del Estado español en Cataluña para desbaratar la tentativa de secesión, los líderes independentistas catalanes hicieron un último intento desesperado por llevar adelante su plan: crear la “república digital catalana”. Este proyecto pretendía implementar una serie de infraestructuras digitales que, fuera del control del Estado, proporcionarían a la Cataluña independiente las herramientas necesarias para poder funcionar: hacienda, censo, criptomonedas y banca, etcétera.

En nuestro país ya existían mecanismos para que el Gobierno pudiera cerrar páginas web en caso de supuesto delito, pero siempre bajo orden judicial. La Ley General de Telecomunicaciones, aprobada en 2014, va un paso más allá; en caso de amenaza a la seguridad pública o a la vida humana, permite al Ejecutivo intervenir sin orden judicial no ya a nivel de contenidos, sino en la propia infraestructura de comunicaciones que da soporte a Internet.

Pero, tras el susto de la república digital catalana, el Gobierno en funciones del socialista Pedro Sánchez consideró que estas herramientas no eran suficientes. La solución, que la Comisión Permanent