El Gobierno Meloni endurece (más) la política migratoria

Últimamente he escuchado la siguiente frase a diferentes líderes políticos europeos cuando se refieren a la llegada de migrantes a sus países: “Si quieren vivir aquí, tienen que respetar la ley”. El 11 de febrero fue Giorgia Meloni quien la pronunció, tras anunciar una durísima reforma del control migratorio que permitirá el bloqueo naval de embarcaciones. La norma podría, de facto, dificultar, o incluso impedir, el auxilio a una embarcación en riesgo de naufragio o con personas enfermas a bordo.

La medida impulsada por el Gobierno italiano emplea la idea de "amenaza grave" para justificar el bloqueo naval. Bajo ese paraguas se incluyen causas como una presión migratoria excepcional, el riesgo de terrorismo, emergencias sanitarias globales o grandes eventos internacionales. El cierre de las fronteras marítimas puede prolongarse durante seis meses.

No solo dejarán de recibir auxilio las embarcaciones en peligro, además será castigado quien intente ayudarlas: las ONG y otros barcos de rescate. Quienes violen el bloqueo se enfrentarán a multas de hasta 50.000 euros y, en caso de reincidencia continuada, las autoridades podrán proceder a la confiscación definitiva de la embarcación.

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