México blinda el derecho al aborto

A principios de esta década, según las estimaciones más solventes, en México se realizaban entre 2000 y 2700 abortos clandestinos cada día. Son cifras escalofriantes, que revelan la crueldad que implica criminalizar la interrupción voluntaria del embarazo: negar a las mujeres sus derechos reproductivos y obligarlas a someterse a prácticas médicas inhumanas, arriesgando su propia salud y enfrentándose a la amenaza de una pena de cárcel. Por fortuna, este escenario tan aberrante va a quedar sepultado para siempre en el pasado después de la sentencia emitida el día 6 de septiembre por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De manera unánime, en una decisión histórica, los jueces del máximo tribunal de México han acordado despenalizar el aborto en todo el país. Su dictamen establece que es inconstitucional tipificar la interrupción voluntaria del embarazo como un delito: por lo tanto, ni las mujeres que decidan poner fin a la gestación, ni los médicos que participen en ese proceso podrán ser perseguidos por la justicia. De hecho, la resolución de la corte considera el aborto como un derecho que debe ser ofrecido —de manera libre y gratuita— por el sistema sanitario mexicano.

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