¿Se están precipitando las empresas españolas volviendo a la presencialidad?

Durante lo peor de la pandemia de coronavirus, muchos españoles teletrabajaron. Casi la mitad de los trabajadores en activo, según ciertas estimaciones. Pero, a medida que la actividad económica y el empleo se van recobrando, las empresas también están recuperando otra cosa: la presencialidad.

El pasado 7 de noviembre, entre las posibles causas de esta vuelta a la oficina, el periódico El País destacaba una: el descontento con la ley aprobada en septiembre de 2020 para regular el teletrabajo. El País mencionaba dos aspectos especialmente polémicos de la nueva regulación: por un lado, la obligación de que, para considerarse teletrabajo, la labor desempeñada deba ocupar al menos un 30 % de la jornada laboral; y, por otro, la exigencia de que la empresa cubra los gastos correspondientes.

Establecer por ley un porcentaje mínimo de la jornada laboral para considerar que se teletrabaja impone, estoy de acuerdo, una rigidez quizá innecesaria. Pero, en relación a la exigencia de que la empresa cubra los gastos del trabajo a distancia… ¿acaso no es una demanda razonable? ¿quién va a pagarlos si no, el trabajador?

Es obvio que las empresas deben controlar el gasto. Pero tengo la impresión de qu