El 81 % de los españoles es partidario de eliminar los aforamientos

A pesar de nuestras divisiones, hay ciertas cosas en las que sí estamos de acuerdo los españoles. Por ejemplo, que los políticos tienen demasiados privilegios. Y una prerrogativa política que estos días vuelve a provocar la indignación generalizada en nuestro país es el aforamiento.

En España, cuando un político ocupa ciertos cargos públicos —presidente y ministros del Gobierno, diputados y senadores, miembros de los parlamentos autonómicos, etc.— y se lo acusa de un delito, no puede ser juzgado por un tribunal ordinario; tiene que hacerlo el Tribunal Supremo.

La sensación que uno tiene —después habría que ver si es justificada— es que el profundo conocimiento y experiencia de los magistrados del Supremo garantiza un juicio lo más justo posible. También es, por supuesto, una cuestión de prestigio. ¿Por qué deberían los políticos tener acceso a un juicio más justo, o a un tribunal más prestigioso, que el resto de los ciudadanos? La justicia debe ser igual para todos.

Y si los aforamientos de políticos son ya de por sí indignantes, el caso de Miguel Ángel Gallardo lo es doblemente. El político, líder del Partido Socialista en la región de Extremadura, está siendo investigado por delitos