Viviendas sociales… solo para gente con dinero

Si algo preocupa a los españoles es la vivienda: los precios de alquiler y venta no dejan de subir y cada vez más gente vive con sus padres o comparte piso. En España, las competencias en esta materia no son del Gobierno central, sino de los Ejecutivos regionales y nadie ha conseguido dar con la tecla para resolver el problema. Por eso, el escándalo que se vive en la ciudad de Alicante con las Viviendas de Protección Oficial —las llamadas VPO– ha conmocionado al país.

Mientras 5.400 familias alicantinas suspiraban en listas de espera, los pisos construidos con dinero público han acabado en manos de concejales, arquitectos municipales y hasta una funcionaria del ayuntamiento. Algunos de los agraciados incluso estaban intentando revender esas casas y así completar un negocio redondo.

Pero el caso de Alicante, que ya investiga la Fiscalía, no es el único despropósito. En Madrid, el plan regional de vivienda pública pone unas exigencias de solvencia tan elevadas que casi el 30% de los solicitantes tira la toalla. En Sevilla, para acceder a la compra de la VPO más barata es necesario tener 63.000 euros ahorrados. En las redes sociales circula la broma de que son viviendas protegidas, sí,