Duterte contra todos

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, accedió al poder democráticamente en 2016, pero, en muchos aspectos, se comporta como un dictador. Bajo su mandato, miles de filipinos han sido ejecutados extrajudicialmente por la policía, el ejército, y grupos de asaltantes que, supuestamente, actúan también dentro de la conocida “guerra contra la droga” del presidente.

Poca gente discute que el consumo de drogas y, en particular, de shabu —metanfetamina cristalizada— sea un grave problema en Filipinas. Lo que sí discutimos muchos es que el problema vaya a resolverse al “estilo Duterte”: mediante el uso de la violencia y, en muchos casos, al margen de la ley.

Criticar a Duterte y sus políticas conlleva riesgos importantes en Filipinas. La senadora Leila de Lima, probablemente la prisionera política más conocida del país, lleva dos años en prisión, falsamente acusada de crímenes relacionados con la droga. Otros han corrido peor suerte; Archad Ayao, investigador de la Comisión Filipina de Derechos Humanos, fue asesinado el pasado 1 de mayo por un sicario no identificado. El mismo trágico final que, desde el acceso al poder de Duterte, han tenido docenas de activistas y abogados de derechos