La ley española para combatir el cambio climático nace ya desfasada

En España ya tenemos Ley del Cambio Climático. El pasado 13 de mayo, el pleno del Congreso aprobaba finalmente la nueva normativa, tras su paso por el Senado. Aunque quisiera mantener una actitud positiva, no voy a ocultarles lo decepcionado que estoy. Una decepción largamente anticipada, puesto que el texto aprobado incorpora pocas sorpresas respecto a las propuestas que congresistas y senadores llevaban tiempo debatiendo.

La punta de lanza de todo esfuerzo por hacer frente a la emergencia climática es, por supuesto, marcarse un objetivo de reducción de emisiones de CO2. Los científicos han dejado claro que la década actual es la última oportunidad para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5 grados centígrados, e intentar evitar escenarios potencialmente catastróficos. Para ello, las predicciones científicas indican que debemos reducir las emisiones entre un 50 y un 55% para 2030. ¿Qué objetivo de reducción marca la nueva ley de cambio climático española?… Un 23%.

Con esta —muy poco ambiciosa— aspiración, para mí toda la estructura de la nueva normativa queda en entredicho. El texto de la ley desglosa el objetivo marcado de reducción de emisiones en una bater