Quitarles el pan a los pobres

Hace ahora un año, se lanzaba en España el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Esta ayuda mensual, ofrecida por el Estado, no debe confundirse con la renta básica universal, ese concepto quizá utópico que suele discutirse en círculos académicos o entre las élites de Silicon Valley. Bajo la renta universal todo ciudadano, independientemente de su situación socioeconómica, obtendría una aportación económica suficiente para vivir.

El IMV, en cambio, tiene poco que ver con el “qué pasará cuando, gracias a la automatización y a la Inteligencia Artificial, ya no tengamos que trabajar”. Está pensado para ayudar al millón de hogares españoles que tienen a todos sus miembros en paro, y a los cerca de 600.000 que no perciben ningún tipo de ingreso. El IMV nació como una herramienta para beneficiar a los españoles que viven en situación de pobreza extrema, y cuyas circunstancias, por supuesto, no han hecho más que empeorar con la pandemia de Covid-19.

Como reconoce el propio Gobierno, desgraciadamente el balance de un año del ingreso mínimo en nuestro país no es del todo bueno. En su momento, la Unión Europea, que apoyó la iniciativa, dijo que era esencial que el plan se diseñara para “llegar al mayor