La ley de Amnistía que perdonó a los independentistas catalanes es constitucional

Durante meses, semana tras semana, España parecía estar al borde del colapso institucional. Desde octubre de 2023 hasta junio de 2024, fueron constantes las manifestaciones de la derecha y la extrema derecha contra el Gobierno de Pedro Sánchez. “¡España no se vende! ¡Sánchez a prisión!”, gritaban los congregados ante la sede del Partido Socialista. Esas marchas acababan a menudo en choques violentos con la Policía.

¿El motivo de las revueltas? La negociación de una ley de amnistía que perdonaba los delitos cometidos por los nacionalistas catalanes durante el proceso independentista que culminó con el referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre de 2017. “Esta ley divide a España en dos. No es reconciliación, es sumisión. La única forma que tiene Sánchez de seguir como presidente del Gobierno", llegó a decir el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en marzo de 2024, durante un debate en el Congreso de los Diputados.

El Gobierno, entre tanto, justificaba la controvertida norma apelando precisamente a la reconciliación, a la necesidad de pasar página. Pero la oposición veía en la amnistía una cesión intolerable de Sánchez a los independentistas a cambio de su apoyo en