¡Hola, y bienvenidos todos a nuestro programa informativo semanal! Yo soy Laura, y hoy estamos a miércoles, 3 de julio de 2019. Comenzamos con la sentencia de la violación en grupo de los sanfermines, un tema que ha tenido en vilo a los españoles desde hace tres años. Seguiremos con la inexplicable paralización, a pesar de su éxito, del plan anticontaminación Madrid Central, y con la preocupante petición de cinco países africanos de vender marfil procedente, en parte, de la caza ilegal. A continuación, dedicaremos tiempo a discutir los pagos a médicos por las farmacéuticas en nuestro país. Y cerraremos el programa con los últimos insultos y amenazas proferidas por el polémico presidente de Filipinas.

Madrugada del 7 de julio, sanfermines de 2016. Cinco hombres, de entre 27 y 31 años de edad, meten a una joven madrileña de 18 en un diminuto portal de Pamplona. Después la violan repetidamente y, antes de dejarla tirada en el portal, le roban el teléfono móvil.

Aunque queda mucho que hacer, la sentencia del Supremo que acabamos de comentar es sin duda un avance. En otras cuestiones, sin embargo, parece que, en lugar de avanzar, retrocedemos. Como en el caso que les contamos a continuación.

Madrid Central funciona. O funcionaba, porque ahora está en una especie de limbo del que quizá no vuelva. Como comentamos en el programa hace unas semanas, el nuevo alcalde de la capital, José Luís Martínez-Almeida, había prometido eliminar las medidas contra la contaminación del aire tomadas por su predecesora, Manuela Carmena. Desde el lunes, Madrid Central ya es historia. O casi.

Las restricciones de tráfico en el centro de la capital, una de las principales herramientas de Madrid Central, entraron en vigor a finales de noviembre del año pasado. Durante los primeros meses, los conductores que infringían la norma no eran multados, solo recibían una advertencia. A pesar de ello, ya en enero un informe de Ecologistas en Acción informaba de reducciones significativas en los niveles de contaminación.

El nuevo gobierno municipal —una coalición del Partido Popular con Ciudadanos y los ultraderechistas de Vox— no debe tener los mismos datos que los ecologistas, porque el principal motivo que alega para poner fin a Madrid Central es que la iniciativa no ha reducido la contaminación. Independientemente de lo que ocurriera en los meses iniciales, el 15 de marzo comenzaron a imponerse multas

Desmontar Madrid Central es deshacer algo que funcionaba. Y lo mismo puede decirse de la propuesta de cinco países del sur de África de levantar la prohibición de vender marfil; nada bueno puede salir de ella.

Naciones Unidas, a través de su programa de medio ambiente, y la Unión Africana organizaron del 23 al 25 de junio pasados en Zimbabue la Cumbre Económica para la Flora y la Fauna Silvestre. Según la web de la ONU, el objetivo de la cumbre fue “cambiar de forma radical la manera como se gestiona la economía basada en la naturaleza del continente”.

Entre las ideas presentadas en la cumbre estuvo una propuesta que sí me parece “radical”, pero en un sentido absolutamente negativo: reabrir el comercio de marfil. Los países que apoyan la propuesta – Zimbabue, Botsuana, Zambia, Angola y Namibia – tienen importantes reservas de marfil que, si pudieran vender, les reportarían ingresos de cientos de millones de dólares.

Aunque ese marfil proviene en parte de elefantes y rinocerontes muertos por causas naturales, en su inmensa mayoría ha sido confiscado a cazadores furtivos y traficantes. Pero, al parecer, los países que apoyan la propuesta no ven problema en beneficiarse de actividades ilegales que cada año suponen la muerte violenta de miles de animales salvajes, a manos de cazadores sin escrúpulos.

Si bien algunas personas cazan animales salvajes para obtener carne, es un hecho conocido que l

Personalmente, me parece obvio que permitir la venta de marfil requisado provocaría un aumento de la caza ilegal. Y otro razonamiento que, diría, requiere poca justificación, es que permitir a las farmacéuticas pagar incentivos a los médicos no puede traer nada bueno. Seguidamente, discutimos la evolución de esta práctica en España.

En muchos países, los médicos reciben dinero y otros incentivos por parte de las compañías farmacéuticas. Y, en todos sitios, médicos y farmacéuticas pretenden convencer al público de lo mismo: estas retribuciones no afectan al criterio del médico, a la hora de prescribir el mejor tratamiento para el paciente.

Yo tengo el absoluto convencimiento de que las farmacéuticas no gastarían tanto dinero si estas prácticas no incrementaran las ventas. Es más, no me sorprendería que, en algunos casos, estas poderosas compañías puedan llegar a saber si las retribuciones a médicos específicos están teniendo el resultado deseado.

En general, me parece naíf pensar que estas prácticas no pueden afectar de manera indebida al criterio médico; al fin y al cabo, los médicos son personas. Imagino que, al final, depende de cada médico, pero un buen indicador de hasta qué punto la integridad e independencia de un facultativo puede estar comprometida es la cantidad de retribuciones que recibe.

En España, estos “incentivos” no están sometidos a control oficial, y la publicación de datos relevantes es una medida que el sector farmacéutico acordó hace unos años de manera voluntaria, como parte de un “código ét

Otro país donde se necesitaría mucha más transparencia es Filipinas. Su presidente, Rodrigo Duterte, está demostrando una vez más que cree estar por encima de la ley, como veremos en la última noticia del programa.

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, accedió al poder democráticamente en 2016, pero, en muchos aspectos, se comporta como un dictador. Bajo su mandato, miles de filipinos han sido ejecutados extrajudicialmente por la policía, el ejército, y grupos de asaltantes que, supuestamente, actúan también dentro de la conocida “guerra contra la droga” del presidente.

Poca gente discute que el consumo de drogas y, en particular, de shabu —metanfetamina cristalizada— sea un grave problema en Filipinas. Lo que sí discutimos muchos es que el problema vaya a resolverse al “estilo Duterte”: mediante el uso de la violencia y, en muchos casos, al margen de la ley.

Criticar a Duterte y sus políticas conlleva riesgos importantes en Filipinas. La senadora Leila de Lima, probablemente la prisionera política más conocida del país, lleva dos años en prisión, falsamente acusada de crímenes relacionados con la droga. Otros han corrido peor suerte; Archad Ayao, investigador de la Comisión Filipina de Derechos Humanos, fue asesinado el pasado 1 de mayo por un sicario no identificado. El mismo trágico final que, desde el acceso al poder de Duterte, han tenido docenas de activistas y abogados de derechos