Ciudadanos de segunda
4 October 2017
El paso del huracán María, hace ya más de una semana, ha dejado la isla de Puerto Rico destrozada. Cerca de 3.3 millones de personas se han quedado sin electricidad, el 90% de las casas ha sufrido daños, un 44% de los puertorriqueños no tiene acceso a agua potable y apenas el 60% de los hospitales de la isla está en funcionamiento. Y los que siguen operando tienen enormes dificultades para conseguir el gasóleo que necesitan los generadores. Todo esto, sin hablar de las 16 víctimas mortales.Desde Estados Unidos, poco a poco, han comenzado a llegar ayudas. El presidente Trump incluso suspendió, el pasado jueves, la Ley Jones que no permite atracar en Puerto Rico a los buques que no sean de bandera estadounidense. O, mejor dicho: que impone una serie de aranceles, tasas e impuestos a los buques extranjeros. La norma provocaba un embudo enorme. Muchos países querían mandar ayuda pero sus barcos tenían que pasar por territorio estadounidense antes de atracar en la isla. Un sinsentido.
La suspensión de esta ley es una buena noticia, pero llega tarde. Estados Unidos ha fallado estrepitosamente en la protección de su ‘estado libre asociado’.
Para llegar a esta conclusión sólo hay que mirar