Hola, queridos oyentes, hoy es miércoles, 18 de abril de 2018. ¡Qué rápido va este año, ¿no?! Yo soy Renzo, y les doy a todos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro programa informativo semanal.

Comencemos prestando especial atención a la solicitud hecha por el ministro de Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, para que los países de la Unión Europea incluyan la islamofobia como delito en su Constitución. Esto sucede justo cuando el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, acaba de ser reelegido por tercera vez consecutiva.

La xenofobia sigue ganando terreno entre los políticos alrededor del mundo, a juzgar por lo que ha pasado en la región de los Balcanes durante los últimos días, más precisamente en Hungría, donde el pasado 8 de abril se celebraron elecciones legislativas. Desde antes de conocer los resultados electorales, la comunidad musulmana ya se mostraba temerosa ante la nueva elección. Por tercera vez consecutiva, el ultranacionalista Viktor Orbán conquistó al electorado con un discurso abiertamente en contra de la inmigración musulmana, reanimando así el debate europeo sobre la islamofobia. Tres días antes de los comicios, como previendo la situación que se avecinaba, el Comité de Derechos Humanos de la ONU alertó sobre la proliferación en Hungría de crímenes contra los inmigrantes islámicos, alimentados por un discurso de odio que el propio gobierno ha patrocinado desde los medios de comunicación

Desde la región de los Balcanes viajemos a Sudamérica, donde la semana pasada las autoridades colombianas capturaron a uno de los principales jefes negociadores de la ex-guerrilla de las FARC. Se trata de uno de los firmantes de los acuerdos de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, un hombre que se disponía a ocupar un escaño en el Congreso durante la próxima legislatura. Veamos quién es y cuáles son los cargos que se le imputan.

El proceso de paz en Colombia atraviesa su peor momento. El optimismo que había a finales de 2016, tras la firma de los acuerdos entre el gobierno y las FARC, parece desvanecerse. El 9 de abril pasado, la Fiscalía General de la Nación detuvo a Seuxis Hernández, uno de los principales jefes negociadores de las FARC y más conocido como “Jesús Santrich”, en cumplimiento de una solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El exguerrillero es acusado de conspirar para el envío de 10 toneladas de cocaína a suelo norteamericano, en fechas posteriores a la firma de los acuerdos.

Como era de esperarse, la detención de Santrich puso a tambalear la relación entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y los líderes del nuevo movimiento político de las FARC. “Este es el peor momento que puede estar atravesando el proceso de paz. Es un montaje jurídico que genera una gran desco

Otro líder de la izquierda latinoamericana que afronta problemas con la justicia es el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, a quien se le acabaron los argumentos legales para resistirse a pagar una condena por el presunto delito de corrupción. Pese a las manifestaciones multitudinarias que le acompañaron el día de su entrega, la batalla jurídica de Lula contra el juez Sergio Moro parece definitivamente perdida.

En medio de la masiva manifestación de sus seguidores, el pasado 6 de abril se entregó a la policía federal de su país el político brasileño más popular de los últimos tiempos.

Hablamos por supuesto de Luiz Inácio Lula da Silva, quien se mostró resignado a cumplir la condena que lo tendrá en una cárcel durante doce años y un mes, de acuerdo con la sentencia judicial. Horas antes de su entrega, Lula caminó por las calles de São Paulo entre los miles de manifestantes que se congregaron para rechazar la condena y pedirle a gritos que no se entregara. Al ver las imágenes del momento, me puse a pensar: ¿De qué le sirve a un político llenar plazas cuando su futuro parece estar definido en los estrados judiciales?

“¡No te entregues, no te entregues!” gritaba la masa de simpatizantes, mientras rodeaba el vehículo que lo trasladaba al aeropuerto, rumbo a la superintendencia de la Policía Federal e

Y en medio de los fuertes escándalos de corrupción que afectan a la región latinoamericana, gran expectativa había generado la noticia de la primera visita del presidente norteamericano Donald Trump, para participar en la Cumbre de las Américas. Pero la Casa Blanca declinó la invitación a última hora, generando gran malestar entre los líderes de Sudamérica.

El martes 10 de abril, a sólo tres días del inicio de la Cumbre de las Américas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, canceló su participación en el evento. La noticia cayó como un balde de agua fría para algunos, mientras que otros no la consideraron una sorpresa relevante. Sin embargo, no está de más preguntarse: ¿A qué se debe el desinterés del presidente estadounidense por América latina? ¿Cómo podría afectar este hecho las relaciones de América Latina con los Estados Unidos en el futuro?

Ante la anunciada ausencia del presidente, las preguntas sobre sus razones no se hicieron esperar. La Casa Blanca hizo público un comunicado mencionando la necesidad del mandatario de quedarse en los Estados Unidos para analizar los ataques con armas químicas en Siria. Sin embargo, según varios medios estadounidenses, Trump prefirió quedarse en el país para enfrentar las investigaciones

Y mientras el gobierno de Estados Unidos opta por una actitud de pasividad hacia Latinoamérica, la policía norteamericana no ha podido resolver uno de sus mayores problemas internos: la creciente tensión entre sus agentes y las poblaciones minoritarias.

Nueva York, 5 de abril de 2018. En las calles de Brooklyn, las cámaras de seguridad registran a un hombre negro que amenaza a los transeúntes con algo que parece ser un arma de fuego. A los pocos minutos, unas patrullas de policía acuden al lugar. Los agentes disparan diez balas, causando la muerte del hombre. Luego de inspeccionar el cadáver, los policías descubren que el ‘arma’ no es más que un pedazo de tubería y, el atacante, otro afroamericano que se suma a una larga lista de muertes causadas por los policías con sus armas de dotación.

Unos días antes, el domingo 18 de marzo, Stephon Clark, un joven negro de 22 años, corría por las calles de Sacramento, en California, perseguido por unos agentes de la policía estatal tras el llamado de un ciudadano al 911. Luego de una persecución ‘cinematográfica’, que incluye el uso de un helicóptero, los policías logran acorralar al sospechoso, qu