¡Hola a todos, y bienvenidos a nuestro programa informativo semanal! Yo soy Mercedes, y hoy estamos a miércoles, 25 de septiembre de 2019. Hoy abrimos el programa con una noticia que muchos veíamos venir desde hace tiempo: la convocatoria a nuevas elecciones generales en España. Después, comentaremos la campaña del gobierno chino en Twitter para desvirtuar las protestas de Hong Kong y los intentos de Google por meterse en las aulas escolares de nuestro país. Trataremos también la sugerencia de la Fiscalía española de prevenir abusos sexuales a menores instalando miles de cámaras. Y, finalmente, hablaremos de una propuesta que pretende convertir los atentados medioambientales en un crimen internacional.

Ayer martes, 24 de septiembre, quedaron convocadas unas nuevas elecciones generales en España, —las cuartas en los últimos cuatro años— a celebrarse el próximo 10 de noviembre. Culmina así en fracaso el proceso de negociación política entre el Partido Socialista, el más votado en las pasadas elecciones, a finales abril, y los otros tres partidos mayoritarios: Podemos, Ciudadanos y Partido Popular.

Los españoles nos quejamos por tener que votar otra vez, un problema que otros, como los ciudadanos chinos, seguramente querrían tener. El Gobierno de Pekín se mueve en la dirección opuesta a la democracia, y sus intentos por manipular la opinión pública no hacen más que incrementarse, como veremos en la siguiente noticia.

El mes pasado, Twitter declaró haber cancelado casi mil cuentas que, según la red social, formaban parte de una campaña gubernamental china para desvirtuar las protestas de Hong Kong. También se suspendieron otras 200.000 cuentas que, aunque todavía poco activas, supuestamente estaban ligadas a la misma iniciativa del Gobierno chino. Según publicaba el New York Times el pasado 18 de septiembre, estas cuentas generaron algo más de 3,6 millones de tuits.

A juzgar por estos números, uno pensaría que la campaña de desinformación online de Pekín está teniendo una cierta entidad. Sin embargo, un análisis del Instituto Australiano de Política Estratégica (IAPE) parece indicar que la escalada de la tensión en Hong Kong ha cogido al régimen chino con la granja de trolls todavía a medio montar.

Por un lado, el estudio del IAPE muestra que muchas de las cuentas utilizadas para la campaña online tenían poca credibilidad en Twitter; se trataba más bien de cuentas de spam probablemente compradas de manera precipitada por el Gobierno chino. Y, por otro, el análisis australiano demuestra una falta de coherencia importante en la narrativa de los tuits, lo cual habría limitado considerablemente su cap

Y mientras unos buscan manipular información, otros persiguen recopilarla, como es el caso de Google. El gigante tecnológico parece tener entre sus objetivos nada menos que… a nuestros hijos. Como verán a continuación, la empresa californiana tiene un plan para obtener datos sobre los niños españoles.

A estas alturas, todos hemos visto lo que ocurre cuando ponemos un teléfono inteligente o una tableta en manos de un niño: la mayoría pierde casi completamente de vista el resto del mundo. No he visto juguete, libro o entretenimiento infantil capaz de absorber la atención de los pequeños como lo hacen estos dispositivos.

Imagino que es discutible hasta qué punto estos aparatos, y el software que contienen, están diseñados para ser adictivos, o simplemente para ser fáciles de utilizar. Algo similar puede decirse respecto a sitios web como Facebook o Youtube, y las técnicas que usan para mantener nuestra atención. En cualquier caso, personalmente estoy convencida de que hay que ser extremadamente cautelosos a la hora de permitir el uso de estas y otras tecnologías digitales a los niños.

Pero no todo el mundo, ni de lejos, comparte mis reservas, y, como en otros países, en España el uso de la tecnología en las escuelas es cada vez mayor. Entre las empresas dedicando grandes esfuerzos a colocar sus productos en las aulas españolas está, por supuesto, el gigante tecnológico Google.

El pasado curso escolar, la señora Cecilia Bayo recibió una carta pidiéndole autorización para que su hijo, q

Y quien también quiere meterse en los centros escolares españoles es… la Fiscalía. Para atajar el reciente incremento de los delitos sexuales, el Ministerio Público propone instalar miles de cámaras en las aulas de nuestro país, una propuesta que ha creado polémica...

Hace unas semanas se publicaba en España la Memoria del Ministerio Público del año 2018, que recoge, entre otros datos importantes, una subida del 23% de los procedimientos relacionados con delitos sexuales. La Fiscalía General del Estado destacaba que un número “relevante” de estos delitos afectan a menores, y son perpetrados por personas cercanas a las víctimas en entornos familiares, educativos o de tiempo libre. Otro dato muy preocupante revelado por el Ministerio Público es que, el año pasado, las agresiones sexuales entre menores crecieron un 43% en nuestro país.

Desgraciadamente, con relativa frecuencia las víctimas de abusos sexuales rechazan la vía judicial por las “connotaciones de vergüenza” asociadas a este tipo de incidentes. Pero, como explicaba la Fiscalía, incluso en el caso de presentar denuncia, uno de los principales problemas es poder acreditar los hechos.

Esta situación ha llevado a la Fiscalía a sugerir la adopción de medidas de grabación en vídeo de espacios cerrados, como despachos o aulas. Además de facilitar la demostración de los incidentes, según el Ministerio Público estas grabaciones podrían cumplir una función disuasoria, incluso ayudar a aclarar acusac

Otra propuesta imagino que polémica, esta vez a nivel internacional, es convertir los ataques contra el medio ambiente en crímenes juzgados por el Tribunal de La Haya. La comentamos en la última noticia del programa.

En la primera gran cumbre de Naciones Unidas sobre el medio ambiente, en 1972, el desaparecido primer ministro sueco Olof Palme dijo que “el aire que respiramos no es propiedad exclusiva de ningún país; lo compartimos”. Una idea similar me vino a la mente, imagino que como a muchos otros, con los incendios que asolaron recientemente el Amazonas.

En términos legales, gran parte del Amazonas es propiedad de Brasil. En cierto sentido, no obstante, la selva amazónica nos pertenece a todos, porque su progresiva destrucción afecta al futuro de la humanidad en su conjunto. Pero, ¿cómo convertir este sentir en una herramienta útil para evitar o, en su caso, castigar, ecocidios como el ocurrido en el Amazonas ante la impasividad del presidente brasileño Jair Bolsonaro?

Algunos piensan que este tipo de actos merecerían ser juzgados directamente como crímenes contra la humanidad en el Tribunal Internacional de La Haya. Una propuesta que, a nivel conceptual, quizá no va tan desencaminada, pero que en la práctica probablemente resultaría inviable.

Como contaba el New York Times el pasado 21 de septiembre, diversos grupos de activistas medioambientales consideran que el Tribunal de La Haya es, en e