Las lecciones de la nueva Ley de Convivencia Universitaria

Por increíble que parezca, hasta hace apenas unos días la universidad pública española seguía rigiéndose, en parte, por una ley firmada por el dictador Francisco Franco en 1954. Una norma que todavía penalizaba las palabras “indecorosas” y las “manifestaciones contra la religión y moral católicas”.

No resulta sorprendente que, habiendo sido redactada bajo un régimen dictatorial, la antigua norma se centrara en lo punitivo, como comentaba hace unos días el ministro de Universidades, Manuel Castells. La nueva Ley de Convivencia Universitaria, cuyo anteproyecto fue aprobado el pasado 25 de mayo por el Consejo de Ministros, pone el énfasis en la tolerancia y el pluralismo, y fomenta la mediación, y no el castigo, como medio principal de resolución de conflictos. El ministro Castells sabe de lo que habla, pues él mismo sufrió la represión franquista en su época de estudiante.

A pesar de todo, la nueva ley sí que estipula una serie de faltas, y las consideradas muy graves suponen la expulsión del alumno entre dos meses y tres años, y la pérdida parcial de derechos de matrícula. Entre las faltas muy graves están el acoso, las novatadas y el plagio. Redactar una ley de este tipo sin estipula