Acoso a las puertas de las clínicas abortivas

Tras décadas de lucha, en España la primera ley de interrupción del embarazo se aprobó, con gran polémica, en 1985. Esta ley despenalizaba el aborto en las 12 primeras semanas de gestación, pero solo en caso de violación, hasta las 22 semanas por riesgo de malformaciones y sin límite de tiempo en caso de riesgo para la madre. Desde 2010, las mujeres españolas pueden por fin abortar de manera libre hasta las 14 semanas de embarazo… o eso dice la ley. Desgraciadamente, la realidad es algo diferente.

Según datos gubernamentales, cada año 6.000 mujeres españolas tienen que desplazarse a otra provincia para poder abortar. Al parecer, el principal motivo es que el derecho a la objeción de conciencia, por el que un médico puede negarse a practicar la interrupción del embarazo, en la práctica se aplica también “en bloque”. No solo hospitales enteros rechazan practicar abortos, sino incluso provincias; al parecer, en nuestro país existen 8 provincias donde no ha habido un solo aborto en los últimos 30 años. Me parece indignante.

Pero hay otro tema que, personalmente, me hace hervir la sangre incluso más. Es el acoso que sufren muchas mujeres —y también personal hospitalario— a las puertas de