El mundo del fútbol está en guerra. El pasado domingo, 18 de abril, 12 de los mayores equipos del mundo anunciaban una nueva competición: la Superliga europea (SLE). En este nuevo torneo, que se jugaría todas las semanas, participarían 20 equipos, los 15 miembros fundadores del nuevo y exclusivo club —tres nombres todavía están pendientes de confirmar— más 5 participantes invitados. La competición comenzaría en la temporada 2021-2022.
El fútbol es un deporte sin duda pasional, pero el anuncio del pasado fin de semana ha desatado una furia quizá nunca antes vista. “¿Te has vuelto loco?” rezaba la portada de Tuttosport, acompañando una foto de Florentino Pérez, presidente de uno de los equipos fundadores de la SLE, el Real Madrid, y, al parecer, uno de los principales arquitectos de la nueva competición. “¿Superliga? Super no”, era el titular de la popular La Gazzetta dello Sport. “La guerra de los ricos”, sentenciaba L’Equipe en su portada.
El domingo, la UEFA, las ligas nacionales y las federaciones de fútbol inglesa, italiana y española emitían un comunicado conjunto, asegurando que utilizarían “todas las medidas a su disposición” para impedir que se celebre la SLE. Entre las accion
La joven venezolana Ida Carruido llegó a España hace 4 años para cursar un máster universitario. Al no poder demostrar los ingresos suficientes para obtener un visado, decidió entrar en nuestro país como turista. Pensó que ya regularizaría su situación más adelante. Pero, como contaba a eldiario.es en una entrevista del pasado 11 de abril, en aquel momento no podía imaginarse la época tan dura que se avecinaba.
Ida no podía permitirse un abogado, y, a medida que fue pasando el tiempo, su confusión respecto a cómo solventar su situación irregular no hizo más que aumentar. Finalmente, llegó a la misma conclusión que muchos otros inmigrantes antes que ella: para poder regularizar su situación, tenía que aguantar — sin papeles — tres años en nuestro país, el tiempo necesario para que administrativamente se entienda que hay arraigo.
En los meses que siguieron, la joven venezolana comenzó a experimentar de primera mano la cruda realidad de vivir en España sin papeles. Con frecuencia trabajó sin ningún tipo de protección laboral, y, en ocasiones, fue insultada y humillada por empleadores abusivos, conocedores de su vulnerabilidad. Con el tiempo, este tipo de tratamiento despectivo, unido a
La catedral de Cádiz es un peligro. Cada cierto tiempo se desprenden trozos de piedra de la construcción, tanto de la fachada exterior como dentro del templo. En 1989, la caída de un enorme bloque de piedra del techo partió uno de los bancos donde se sientan los feligreses. Por suerte, en aquel momento no se celebraba ningún servicio religioso.
Tras el incidente, se instaló una gran red que recorre todas las bóvedas internas. Tres décadas después, ahí sigue. Pero, como explicaba El País el pasado 12 de abril, el arquitecto que la instaló, Juan Jiménez Mata, no sabe cuánto peso podría soportar hoy en día la red, en caso de un gran desprendimiento.
Al parecer, la solución a este alarmante problema consiste principalmente, además de en reemplazar las piedras de las bóvedas que están en mal estado, en rellenar las juntas vacías con mortero nuevo. Solo existe una pequeña dificultad: aplicar el remedio a los más de 3.100 metros cuadrados de bóvedas que tiene la catedral costaría unos 15 millones de euros.
Como en otros países de tradición cristiana, en España la Iglesia está muy mal acostumbrada. Cuando hay gastos, y en especial si son importantes, siempre pide dinero al Estado, o a otras i
El pasado 12 de abril, diversos medios españoles anunciaban que más de 230.000 funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) podrán trabajar en remoto hasta tres días por semana. En principio, una gran noticia, aunque, por desgracia, los funcionarios no podrán empezar a trabajar a distancia de manera inmediata.
Durante los próximos meses, cada departamento de los distintos cuerpos de la AGE llevará a cabo un estudio para determinar qué puestos de trabajo pueden desempeñarse de manera no presencial. Cada año se establecerán una o varias convocatorias para que los funcionarios que ocupan dichos puestos puedan, de manera voluntaria, solicitar el teletrabajo. Cada petición será considerada y, con suerte, finalmente autorizada por un superior del solicitante.
Una vez más, se demuestra que la burocracia de la Administración es una especie de ente con vida propia que percibe cualquier cambio como una amenaza. Y, como era de esperar, sus tentáculos se han abalanzado rápidamente sobre la iniciativa de teletrabajo, amenazando con estrangularla. Con tantas trabas, es una incógnita cuántos funcionarios —de entre las decenas de miles de potenciales candidatos— finalmente trabajarán p
En 2017, Elon Musk, el fundador de Tesla, presentó el futurista camión eléctrico de la compañía, y prometió que dos años después estaría en producción. Cada pocos meses, Tesla parece anunciar un nuevo pedido de camiones, y, sin embargo, la esperada fecha de inicio de la producción no deja de postergarse. Ahora parece que no será hasta 2022… ¿qué está pasando?
Pues, simple y llanamente, que no hay suficientes baterías disponibles. Los fabricantes de automóviles se han resistido durante años a producir coches eléctricos, pero las cosas están cambiando rápidamente. General Motors y Volvo ya han anunciado que en 15 años o menos abandonarán la producción de vehículos de combustión interna. Otros fabricantes probablemente se estén haciendo planteamientos similares. La cuestión es, si hoy en día ya hay escasez de baterías, ¿qué ocurrirá cuando la industria de la automoción entera se vuelque en la producción de vehículos eléctricos?
Que la industria sufra cuellos de botella por falta de baterías es ciertamente posible. Quizá incluso probable. Como comentaba la emisora pública de radio estadounidense NPR el pasado 15 de abril, algunos expertos estiman que, en los próximos 10 años, la demanda