El pasado 25 de noviembre fue el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En 2019, hasta ese día 52 mujeres habían sido asesinadas por su pareja o expareja en nuestro país. Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, llevada a cabo por el Ministerio de Igualdad en 2015, 2 millones y medio de españolas —un 12,5% de las mujeres— han sufrido en algún momento de su vida violencia física o sexual por parte de su pareja o expareja. La cifra se dispara hasta los casi 5 millones de mujeres —un 24,2% de la población femenina— si los agresores incluyen a hombres sin vinculación sentimental con la víctima.
Hemos hablado varias veces en el programa de Madrid Central, la zona de bajas emisiones (ZBE) de la capital, y de la polémica que parece envolverla constantemente. El próximo 1 de enero, Barcelona pone en marcha su propia ZBE, y, como era de esperar, la controversia ya ha comenzado.
Como sabrán, Madrid Central afronta un futuro incierto. Pero, bajo la exalcaldesa Carmena, la estrategia fue establecer una ZBE pequeña, —solo 4,7 de los más de 600 kilómetros cuadrados de la capital— pero con fuertes restricciones. El enfoque de Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, es muy diferente. La ZBE incluye prácticamente toda la ciudad, pero, al menos de momento, las restricciones de tráfico solo afectarán a unos 50.000 vehículos, los más contaminantes.
Por algo se empieza, pero, en opinión de muchos, entre los que me incluyo, la medida de Colau es extraordinariamente tímida, especialmente teniendo en cuenta que, en 2015, Bruselas ya expedientó a España por exceso de dióxido de nitrógeno en Madrid y Barcelona. En cualquier caso, a finales de septiembre, medio millar de conductores bloquearon la Gran Vía de Barcelona, en protesta por las nuevas restricciones. ¿Por qué siempre pagamos los pobres?,
Antes de cambiarse de bando y destapar el escándalo del dopaje ruso, Grigory Rodchenkov había sido el Walter White del dopaje deportivo en su país. Según sus propias palabras, Rodchenkov, que es químico, había creado diversos cócteles de esteroides anabólicos que ayudaban a los atletas a recuperarse rápidamente tras duras sesiones de entrenamiento, llegando en condiciones óptimas a las competiciones.
Además de crear las sustancias dopantes, Rodchenkov, que desde 2005 era el director de la agencia rusa antidopaje, sabía cómo hacer que quienes las consumían no fueran descubiertos. Pero, en 2011, las autoridades rusas le acusaron de tráfico de sustancias destinadas a mejorar el rendimiento deportivo. Sorprendentemente, los cargos fueron posteriormente retirados. Imagino que alguien tuvo una idea mejor: en lugar de encarcelar a Rodchenkov, ¿por qué no dejar que cientos de atletas rusos se beneficiaran de sus milagrosos cócteles de cara a las Olimpiadas de Verano de 2012? Acababa de nacer el dopaje de Estado.
Tras las Olimpiadas de Invierno de 2014 en Sochi, el presidente Putin, a quien Rodchenkov ha implicado en el escándalo, debía estar satisfecho con cómo marchaban las cosas, y le conc
Tras la aplicación del famoso artículo 155 de la Constitución, y la intervención del Estado español en Cataluña para desbaratar la tentativa de secesión, los líderes independentistas catalanes hicieron un último intento desesperado por llevar adelante su plan: crear la “república digital catalana”. Este proyecto pretendía implementar una serie de infraestructuras digitales que, fuera del control del Estado, proporcionarían a la Cataluña independiente las herramientas necesarias para poder funcionar: hacienda, censo, criptomonedas y banca, etcétera.
En nuestro país ya existían mecanismos para que el Gobierno pudiera cerrar páginas web en caso de supuesto delito, pero siempre bajo orden judicial. La Ley General de Telecomunicaciones, aprobada en 2014, va un paso más allá; en caso de amenaza a la seguridad pública o a la vida humana, permite al Ejecutivo intervenir sin orden judicial no ya a nivel de contenidos, sino en la propia infraestructura de comunicaciones que da soporte a Internet.
Pero, tras el susto de la república digital catalana, el Gobierno en funciones del socialista Pedro Sánchez consideró que estas herramientas no eran suficientes. La solución, que la Comisión Permanent
El pasado viernes, 29 de noviembre, los londinenses revivieron la pesadilla de hace dos años, con un nuevo atentado en el puente de Londres. Esta vez, dos personas perdieron la vida a manos de un terrorista armado con cuchillos, y tres resultaron heridas. La heroicidad de los viandantes, que redujeron y desarmaron al atacante, evitó más víctimas. Poco después, llevando puesto un chaleco bomba falso, el terrorista fue abatido a tiros por la policía.
Por mucho que nos empeñemos, reducir a cero las probabilidades de que “lobos solitarios” salgan a la calle armados con cuchillos, en busca de víctimas, es imposible. Sin embargo, no fue el caso de lo ocurrido el viernes. El atacante, Usman Khan, había sido condenado por delito terrorista en 2012. Hablar de delitos terroristas más serios y menos serios ya es complicado, pero el caso de Khan desde luego no fue nada que tomarse a la ligera. Junto con otros 9 extremistas, planeaba establecer un centro de entrenamiento de terroristas en Cachemira, y posteriormente llevar a cabo un atentado a gran escala, para lo cual el grupo había seleccionado la Bolsa de Londres.
¿Cómo es posible que, 7 años después, un individuo así estuviera en la calle? Se